Moción para garantizar los derechos de las mujeres y niñas que sufren violencia sexual

A continuación mostramos la intervención de Dori Fernández miembro de Podemos y concejala de Servicios Sociales en la moción presentada por Podemos Rivas, Izquierda Unida Equo, Grupo Socialista y concejales no adscritos, para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas que sufren violencia sexual. Se trata de una iniciativa a propuesta de Amnistía Internacional Madrid (A.I.).

Moción para garantizar los derechos de las mujeres y niñas que sufren violencia sexual

Agradecemos enormemente a Amnistía Internacional el magnífico trabajo realizado con su informe “Ya es hora de que me creas”.

Personalmente, tuve la oportunidad de asistir recientemente a su presentación en Rivas y pude comprobar el gran trabajo de investigación desarrollado en torno a é y lo acertado de sus propuestas.

Estamos totalmente de acuerdo con sus conclusiones y propuestas, ya que coinciden plenamente con el espíritu de la Ley Integral contra las Violencias Sexuales que el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentaba al Congreso de los Diputados el 20 de julio pasado y que está prevista que se discuta próximamente. Se ha elaborado con la participación activa de las organizaciones feministas y personas expertas en la meteria.

La ley de Unidos Podemos diseña un sistema de medidas como la asistencia jurídica gratuita, la atención, la reparación o la información para las víctimas.

La idea es que haya un tratamiento integral y global similar al que ya se dispensa a las víctimas de violencia de género, que fue diseñado por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Pero esta norma solo contempla medidas para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas.

“La justicia tiene un sesgo patriarcal y es necesario hacer modificaciones en el Código Penal. Esto cambiará las sentencias, pero no que las haya. Para ello lo que necesitamos es una ley que luche contra las violencias sexuales de una manera integral, desde un marco de derechos humanos”, como explica Sofía Castañón, Secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidos Podemos. La diputada sostiene que “no puede haber víctimas de primera y de segunda y la asistencia, las prestaciones y los derechos no pueden existir solo en el ámbito de la pareja o expareja”.

La violencia sexual que sufren mujeres y niñas en el mundo forma parte de la violencia machista de la sociedad patriarcal imperante en todos los países, es utilizada por el agresor como medio para ejercer poder y reforzar una situación, relación o ideología dominante

Este daño individual repercute de forma colectiva sobre el conjunto de las mujeres que reciben un mensaje de inseguridad y dominación radicado en el género y sobre toda la sociedad en la reafirmación de un orden patriarcal. Es un sistema social y económico basado en la desigualdad de la mitad de sus miembros, las mujeres.

Si los Estados tuvieran que destinar el dinero necesario para cubrir los cuidados y servicios que las mujeres hacen de forma gratuita no se podría sostener el sistema y habría que revisarlo de arriba abajo, y en ello estamos muchísimas mujeres en España que ya nos movilizamos y seguiremos saliendo a las calles hasta conseguir la igualdad real.

El control y sometimiento de las mujeres tiene mucho que ver con la violencia sexual ya que es un acto de poder que produce humillación y degradación, es una tortura cruel e inhumana como establece el derecho internacional relativo a los derechos humanos refiriéndose a la violencia sexual.

Todos los estudios realizados sobre la violencia sexual concluyen que entre todos los malos tratos, las agresiones sexuales producen el mayor impacto psicológico en la vida de las mujeres y las niñas y las repercusiones más negativas en su salud mental.

Cuando vemos las cifras que da la ONU o la OMS sobre este problema es para echarse a llorar, dos de cada tres mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia sexual y también dos de cada tres de las víctimas sufren un Trastorno de Estrés Postraumático

No hay día que no leamos en la prensa alguna noticia horrible relacionada con la violencia sexual: depredadores sexuales que en ocasiones hasta acaban asesinando a su víctima, niñas violadas y madres a consecuencia de ello.

Ha salido en la prensa recientemente que en Reino unido han comprobado más de mil casos de niñas a las que les planchan el pecho con piedras calientes para que no llamen la atención con su desarrollo natural.

En España cada vez vamos teniendo más datos aunque falta mucho camino por recorrer en este sentido. En una macroencuesta en 2015 elaborada por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género entre más de 10.171 mujeres se concluye que 1.7 millones dicen haber sufrido agresión o abuso en alguna ocasión; choca muchísimo con los datos oficiales ya que la policía sólo contaba con 75.000 denuncias en los 8 últimos años. La vergüenza, la culpabilidad, la transigencia con estos hechos es lo que impide denunciar a las víctimas

Existen colectivos especialmente vulnerables como las mujeres que están trabajando sin documentación en España, trabajadoras del servicio doméstico, cuidadoras y mujeres y niñas con diversidad funcional; muchas sufren violencia sexual a manos de sus empleadores o de hombres que están a su cuidado, estas personas se sienten desprotegidas por las leyes e instituciones.

La ley impone obligaciones a los poderes públicos. La Constitución establece la obligación de que provean las condiciones materiales para el desarrollo del proyecto de vida personal que para sí tienen las personas y la garantía de una vida digna.

En este marco, El Parlamento, las Comunidades autónomas y todos los poderes públicos están obligados a defender a las mujeres y a las niñas contra todo tipo de violencia sexual:

Legislando y expresando claramente que si no existe consentimiento es delito. No se puede consentir que sigan existiendo sentencias como las de la Manada, que se vayan de rositas con condenas sólo por abusos y absueltos del delito de agresión sexual.
Impulsando las políticas públicas necesarias en todos los ámbitos que establezcan medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales: se deben concretar en el marco educativo, publicitario, de los medios de comunicación, sanitario, laboral y empresarial, digital y castrense.
Coordinando todas las acciones tendentes a la atención y cuidados de las víctimas y a la protección de sus derechos.

En los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el gobierno para 2019 y debido al Acuerdo con Podemos, se contempla un incremento del 10% en la dotación presupuestaria para el Pacto contra la Violencia de Género, consignándose 220 millones de euros.

Este aumento fue anunciado por el Ejecutivo del Sr. Sánchéz que precisó que este año se duplicarían los fondos destinados a programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los ayuntamientos.

Dori Fernández